Ciencia y democracia

Pablo Echenique-Robba, científico del CSIC y europarlamentario por Podemos, generó recientemente una polémica tras una entrevista en Materia. Contestó Juan Ignacio Pérez Iglesias, ex-rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea, biólogo que ostenta la Cátedra de Cultura Científica de esa universidad. Hubo también dos respuestas en Naukas (una y dos) por parte de Fernando Cervera Rodríguez, biólogo. En todas esas páginas se pueden leer numerosos comentarios tanto por estos tres científicos como por otras personas bien conocidas en el ámbito de la ciencia, su divulgación y del pensamiento crítico. Me pilló el debate en otras cosas y solo acerté a tuitir cuatro mensajes destinados a Pablo y Juan Ignacio.

El debate partió de algunas afirmaciones de Pablo Echenique en el sentido de diferenciar lo que cree como científico (p.e., que los transgénicos son seguros y que pueden ser de gran utilidad) y lo que debe apoyar como representante político (si su partido o la sociedad deciden que no quieren usar transgénicos).

Leo en los textos y en los comentarios posteriores que la discusión se centra en cuál debería ser la postura del científico y cuál la relación entre ciencia y democracia. Por ejemplo, hay quien dice que el científico debe insistir y no aceptar decisiones basadas en la irracionalidad a pesar de ser mayoritarias, ejerciendo oposición dentro del partido o de la sociedad y acusan a Pablo de tener una actitud demasiado permisiva. También se dice, con razón, que las proposiciones de la ciencia no se dilucidan democráticamente. Esto es cierto, pero no es algo que Pablo niegue.

Mi postura, que resumí en aquellos cuatro tuits y que toca temas que apenas he visto vislumbrar en algún comentario, es la siguiente:

1. La democracia nunca es 100% directa y asamblearia, ni lo puede ser, ni creo que la inmensa mayoría queremos que lo sea. Toda democracia tiene una parte de representación y el gobierno tiene siempre una cierta jerarquía.

2. Las leyes tienen también su jerarquía. Para cuestiones importantes y aprobadas por amplias mayorías, como la Constitución, se requieren también amplias mayorías para su cambio. La estructura básica del Estado, los Derechos Humanos y algunas cosas más están aquí recogidas.

3. Incluso dentro de la organización del Estado, la división de poderes supone un límite a lo que distintas mayorías pueden decidir en distintos momentos. El Parlamento no puede decidir por mayoría, ni simple ni cualificada, algo que sea ilegal según el ordenamiento jurídico.

4. Así pues, delegamos en representantes y en jueces ciertas potestades, y nos atamos las manos haciendo que ciertos compromisos sean difíciles de romper.

5. Propongo que, añadido a lo dicho, también existe un acuerdo tácito o explícito en la sociedad sobre cuestiones científicas y técnicas. Por ejemplo, el contenido de los libros de texto no se decide en votación popular, sino que se delega en expertos en cada una de las materias.

6. El contenido de las proposiciones científicas no es democrático, pero el uso de la ciencia y el control de la actividad científica sí lo son. Por ejemplo, la ciencia dirá qué efectos médicos primarios y secundarios y qué coste económico tendrá una campaña de vacunación, pero la decisión de vacunar será política. ¿Cómo se decide? ¿En qué nivel? ¿Debe ser sometido a referéndum? Esto último no lo creo, más bien el derecho de los que no tenemos toda la información o no sabemos bien cómo tratarla o interpretarla es a saber que los efectos han sido investigados de la mejor manera posible y que la decisión está en manos de gente informada y que responderá ante casos de negligencia o abusos en la decisión y que sus preferencias políticas en lo que toca a los fines (no tanto a los medios) se corresponden con las de la ciudadanía.

7. De la misma manera, debe ser parte del acuerdo social no votar si determinado tratamiento sea parte del sistema público de salud y sí lo debe ser el garantizar que los protocolos de atención sanitaria estén realizados con las mejores medidas que garanticen que se obra según la mejor evidencia.

8. Nada de lo anterior quita espacio a la acción política. Democráticamente decidiremos si queremos o no sanidad universal, si queremos o no corregir ciertas desigualdades, si queremos gastar los dineros públicos en más conciertos gratuitos o en polideportivos, por ejemplo.

9. Un político o un partido responsable debe abogar por estas maneras de decidir y no proponer demagógicamente que todas estas decisiones se hagan desde abajo, en asambleas indocumentadas, y tampoco debe escudarse para hacer públicas sus posturas o apoyos políticos en que así se ha decidido en la asamblea.

10. Incluso en el mejor de los casos será imposible evitar que aquí y allá alguna cuestión se convierta en importante para la ciudadanía y que la postura mayoritaria sea contraria a la evidencia científica. Por ejemplo, una mayoría quiere prohibir tal producto o acción por entender que es perjudicial. En ese caso posiblemente se acabará prohibiendo, pero no debe ocurrir sin que todas las salvaguardas contra la irracionalidad hayan estado ahí ni sin que los científicos, expertos y políticos responsables se hayan proclamado en favor de la evidencia.

11. Es análogo al caso en que una mayoría social se empeña en discriminar a un colectivo sobre la base de datos erróneos (como que la adopción por parejas homosexuales es perjudicial para el niño): lo acabará haciendo. Toda la construcción de un Estado de Derecho se basa, o debería basarse, en que este tipo de medidas sin evidencias sean difíciles de tomar, al hacer que la jerarquía en la toma de decisiones, de aplicación de las leyes y de su control favorezcan las discusiones documentadas.

12. Antes de saber sobre qué vamos a debatir, todos querríamos que hubiera este tipo de garantías. Este debe ser nuestro acuerdo básico.

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