La economía de la discriminación 9

Repasemos los distintos modelos de causas de la discriminación y sus implicaciones en la eficiencia económica.

En el modelo de Becker no hay pérdida de eficiencia si se respetan las preferencias de los individuos en la economía. Sí la habrá, en cambio, en la medida que estas preferencias sean deploradas por parte de la sociedad. En este caso las preferencias discriminatorias causan una externalidad negativa. El criterio de eficiencia requiere que estas externalidades sean internalizadas, tal vez subvencionando la contratación del grupo discriminado por el grupo discriminante. La dificultad de detectar a este último grupo y los problemas de riesgo moral que esta política supondría son obvios, pero puede apuntar una dirección en la actuación pública.

Si la discriminación se basa en creencias erróneas por parte de algún agente o grupo de agentes y la situación es tal que ningún agente encuentra razones para abandonar sus creencias, se hace necesaria una acción por parte de algún otro agente externo a ellos que pueda alterar este sistema de creencias. Como se observó en la discusión de este tipo de discriminación, un agente concreto no tendrá el incentivo necesario para alterar su conducta en un sentido no discriminatorio, a pesar de que como colectivo todos los agentes quisieran que una sistema de creencias no discriminatorio fuera de conocimiento común. Hay, por lo menos, tres mecanismos para abandonar un sistema de creencias erróneo. El primero a través de cambios individuales en las actitudes discriminatorias (inversiones individuales), otro de coordinación en un nuevo equilibrio sin discriminación y un tercero de aprendizaje de las verdaderas preferencias de los demás agentes. Estos tres mecanismos, o bien no se ponen en marcha con los incentivos individuales o bien presentan un proceso de convergencia a la situación no discriminatoria demasiado lento.

La discriminación estadística sólo justificará una intervención pública si el problema de información puede ser resuelto más fácilmente por el sector público. Si es posible mejorar la manera de obtener información sobre los candidatos, en la medida que la información tiene carácter de bien público, podría justificarse una intervención. Los incentivos de cada empresa en particular por mejorar la obtención de información son de la misma naturaleza que los de mejorar cualquier otra etapa del proceso productivo. Para justificar una acción pública habría que justificar que las externalidades generadas por esta mejora son significativas en el margen (en el punto de decisión individual de la empresa). Un tipo de externalidades posible se refiere no tanto a la difusión de la tecnología que permite recabar información más precisa de los candidatos, sino a los efectos de la discriminación estadística (y de cualquier otro tipo) sobre las decisiones de inversión en capital humano, pero este aspecto se tratará más adelante. De momento, estas decisiones se han tomado como exógenas, para aislar los efectos característicos de estos modelos de discriminación.

En el modelo de Spence, la señal que permite en algunos equilibrios distinguir entre los candidatos de alta y baja cualificación representa, en sí misma, una pérdida de eficiencia con respecto a la situación ideal de información perfecta. Como la información simplemente no está disponible, la comparación debería ser con la de cualquier otro mecanismo (o equilibrio) que permita el mínimo gasto posible en la señalización de la cualificación. En el caso analizado, se trataría de encontrar el menor nivel de educación que permite al empleador tratar, en equilibrio, a aquéllos que lleguen a ese nivel como trabajadores hábiles y como de baja habilidad a los demás. Cambiar el equilibrio prevaleciente (en principio arbitrario) por este otro supone un problema semejante al generado por las falsas creencias. Es necesaria una gran coordinación para lograrlo. Un aspecto que sí se puede resolver fácilmente en el modelo analizado es el de la diferencia entre el nivel de educación exigido para los hombres y las mujeres. A falta de especificar una dinámica concreta, podría bastar con prohibir que se exijan distintos niveles de educación para una misma tarea a individuos de distintos colectivos.

En cuanto a los modelos de inversión en capital humano, si las decisiones sobre distribución de tiempo entre actividades en el hogar y fuera de él son personales y no están mediatizadas por factores discriminantes, no hay lugar para una intervención pública en aras de conseguir una asignación más eficiente. Si las razones que motivan estas decisiones son debidas a la existencia de alguna discriminación en el mercado laboral que genera ineficiencia, las repercusiones se multiplican al considerar la cualificación profesional como variable de elección endógena. En aquellos casos donde ya se apuntaba como posiblemente necesaria un acción pública, ahora se vuelve más justificada (por ejemplo, la corrección de las falsas creencias). Casos que antes no ofrecían argumentos para tal intervención, pueden ofrecerlo ahora. Por ejemplo, en la discriminación estadística, incentivar la contratación femenina puede ser una manera de hacer más atractiva para las mujeres la inversión en capital humano. Si al incrementar el número de mujeres en cargos de responsabilidad se consigue eliminar la discriminación estadística (porque cada vez hay un mejor conocimiento de la calidad del trabajo femenino directamente, al contratar a más mujeres e, indirectamente, al tomar más mujeres decisiones de contratación) se produce una mejora que, individualmente, cada empresa no tenía incentivos en realizar. Esta actuación no está exenta de posibles problemas de riesgo moral, si las mujeres anticipan un trato de favor en algunas contrataciones y encuentran más provechoso invertir menos en su preparación. Que se llegue o no a esta situación dependerá del nivel concreto al que se establezca la política de incentivos a la contratación femenina. Está por hacerse un estudio exhaustivo de las consecuencias de las políticas que en este sentido se han llevado a cabo en distintos países.

Por último, decisiones involuntarias que influyen en la inversión en capital humano pueden ser consideradas por la sociedad como susceptibles de ser aseguradas con argumentos del tipo del "velo de la ignorancia". La dificultad de este argumento en el caso concreto es que, cuando los individuos de la sociedad pudieran llevar a cabo un contrato social de este tipo, ya están encarnados en sus tipos; es decir, ya conocen su sexo. Los pertenecientes al grupo no discriminado no tendrán, en general, los incentivos adecuados para preferir una situación de seguro universal contra la discriminación. Solo en la medida que se identifique con el otro grupo, por ejemplo, por querer legar a sus descendientes (cuyo sexo no conoce) un mundo sin discriminación. Este argumento no depende de que la discriminación se concrete en diferencias en la inversión de capital humano; es igual de válido para cualquier otro tipo de discriminación.

Continúa en La economía de la discriminación 10.