Esta es la segunda parte de la versión en español de mi artículo de diciembre en Mapping Ignorance. Debe leerse la primera parte para entender esta.
Los consumidores que derivan una alta utilidad del contrato se beneficiarán de la competencia, ya que precios más bajos siempre implicarán que la misma utilidad se puede alcanzar con ese nuevo precio. Sin embargo, cuando hay exceso de confianza los consumidores para los que los beneficios esperados no son muy altos, un precio mayor puede implicar que no firmarán el contrato, algo que puede ser mejor que firmarlo y acabar pagando más de lo esperado por culpa del exceso de confianza. Así, las políticas dirigidas a proteger a los consumidores de su exceso de confianza pueden tener poco efecto si la competencia hace que acaben firmando contratos ineficientes para ellos. Se puede mostrar, sin embargo, que el daño para el consumidor es limitado cuando la tasa de repercusión es alta (la fracción del incremento del coste que se pasa al consumidor en forma de incremento de precio) y cuando la elasticidad de la demanda respecto del precio es baja (los compradores no reaccionan mucho a los cambios en precios).
Si hay consumidores racionales, los que muestran exceso de confianza pueden estar subsidiándolos. Un ejemplo puede explicarlo: un consumidor con exceso de confianza puede estar pagando 100€ en forma de penalizaciones por un descubierto en su cuenta corriente. Si todos los clientes fueran así, la competencia bancaria cobraría una cuota por cuenta corriente 100€ por debajo de su coste y recobraría el dinero con las penalizaciones por descubierto. Si solo el 50% de los clientes son así y el resto son racionales los bancos reducirán la cuota de las cuentas corrientes en 50€ a todos los clientes. De esta manera los clientes racionales están siendo subvencionados. Stango y Zinman (2009, 2014) [3] , [4] estiman que en los EEUU se pagan 32,000 millones de dólares en penalizaciones y que corresponden a menos de la mitad de los titulares de cuentas corrientes. Además, dado que quienes más pagan esas penalizaciones son personas de bajos ingresos, esta política de precios es regresiva.
3. Cuáles son las implicaciones para políticas públicas.
Como hemos visto, la transparencia de los términos del contrato no es suficiente. En los servicios de telefonía móvil, por ejemplo, se añaden tres medidas de transparencia: (i) el vendedor puede informar de la factura media de los clientes que tienen un determinado plan, (ii) si ya hay una relación previa, el vendedor puede dar al comprador una estimación basada en el uso anterior, y (iii) el vendedor puede permitir al comprador compartir su historial de uso y de pagos con una tercera parte con el fin de encontrar el mejor plan del mercado.
Una segunda política es permitir el uso de la información para ayudar a hacer mejor uso del plan. Por ejemplo, en EEUU y UE los clientes deben ser advertidos de las tarifas del servicio de roaming cuando cruzan las fronteras, y los clientes de EEUU son alertados también cuando se acercan al límite de las unidades gratis o baratas o cuando lo exceden. Estas políticas de transparencia pueden resolver los problemas de atención. Su extensión a los servicios bancarios podrían proporcionar beneficios sustanciales.
Finalmente, se puede intentar algún tipo de regulación de precios, pero esta política requiere mucha información para ser práctica. Sin embargo, es posible evitar algunas prácticas, como el exceso de penalizaciones por descubiertos pequeños en las cuentas corrientes. Otras regulaciones, como prohibir las tarifas en tres partes, pueden tener algunos efectos indeseados.
El anticipar la reacción de las empresas es una parte importante de cualquier política. Las compañías telefónicas de los EEUU fueron obligadas a alertar a los clientes cuando se aproximaban al límite de los minutos gratuitos, pero al final la reacción de las empresas fue una subida de las cuotas mensuales que eliminaron la ventaja de esta medida para los consumidores. En cambio, cuando se adoptó una política similar sobre el uso de las tarjetas de crédito, la rebaja para los consumidores fueron 11.000 millones de dólares al año. La razón de esta diferencia entre sectores tiene que ver con la demanda inelástica de los servicios telefónicos y con su alta tasa de repercusión de costes (cercana al 100%). En el caso de las tarjetas de crédito ocurre lo contrario.
Referencias:
3. Stango, V., y Zinman, J. 2009. What do consumers really pay on their checking and credit card accounts? Explicit, implicit, and avoidable costs. American Economic Review 99(2), 424–29.
4. Stango, V., y Zinman, J. 2014. Limited and varying consumer attention: evidence from shocks to the salience of bank overdraft fees. Review of Financial Studies 27(4), 990–1030.
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Hace cinco años en el blog: La nueva tregua de ETA.
Hace tres años en el blog: Tildes excéntricas.
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