Las cuatro lenguas de España

Cierra los ojos despacio,

Pestaña contra pestaña,

Solo es español quien sabe

Las cuatro lenguas de España.

(Gabriel Aresti)

Un poco exagerado el poeta vasco (de Bilbao tenía que ser), pero no deja de haber un poco de verdad en su afirmación. No me refiero a saber las cuatro lenguas, sino a tener alguna aproximación a ellas y a sentirlas realmente como parte del patrimonio.

Nadie en España ve nada raro en recibir a un mandatario extranjero en castellano y con un alarde de música y bailes flamencos. Si, en cambio, en las olimpiadas de Barcelona se saluda en catalán o si recibimos a un jefe de estado con un aurresku, seguro que hay quien opina que estamos haciendo algo impropio. No debería ser así.

Por supuesto que podemos poner ejemplos en sentido contrario. Decir que Unamuno es parte de la cultura vasca o que Valle-Inclán lo es de la gallega tampoco debe ser susceptible de ninguna crítica, aunque ambos escritores usaran el castellano.

Si vamos más lejos y hablamos de la regulación que debe haber sobre el uso de las lenguas (y alguna debe haber, puesto que hay que decidir en qué lengua o lenguas educamos y en cuáles se conducen los negocios y las actividades públicas), lo primero en una sociedad abierta es cumplir en la mayor medida posible con los deseos de los ciudadanos y dirimir democráticamente las diferencias de criterio.

Conflictos habrá siempre. Buscar la manera de minimizarlos será una de las reglas de oro de la regulación. En España se ha dado estatus de lengua oficial en sus territorios a las lenguas minoritarias. No era la única opción. En Suiza, tres de las cuatro lenguas son oficiales en todo el país y un suizo puede pedir ser atendido en italiano en su embajada en el extranjero.

Cuál es el alcance de ese estatus de oficialidad es algo que no está definido en la Constitución ni está escondido en algún significado intrínseco de la palabra oficial. La elección de las lenguas gallega, vasca o catalano-valenciana como lenguas vehiculares de la educación es algo perfectamente legítimo en nuestro sistema Constitución-Comunidades Autónomas-Leyes de Educación. Lo mismo es la pretensión de que se rotule en la lengua particular o que se requiera el dominio de esta lengua para según qué trabajos. También lo es la obligación de conocer la lengua.

Es legal, pero ¿es conveniente? Hay quien piensa que para atender al público en una ventanilla en Cataluña no debería ser necesario que el funcionario sepa catalán. ¿Para qué, si todos los catalanes saben -la Constitución lo manda- castellano? Exigir el conocimiento del catalán sería discriminar a trabajadores que no conozcan la lengua. Un catalán podría trabajar de funcionario en Murcia, pero un riojano no podría hacerlo en Galicia.

El uso de una lengua no es una acción privada, sino social y, por tanto, con muchas componentes de bien público. En particular, una lengua está sujeta a lo que se denomina “externalidades de red”, donde las acciones individuales independientes y privadas no garantizan la eficiencia económica, y donde es necesaria una cierta coordinación sobre el uso de las redes para hacerlo. Las propiedades del uso del euskera o del valenciano-catalán dependen de la facilidad o preferencia por la expresión en esa lengua y también dependen de su uso posible en las esferas públicas o privadas. En los negocios privados la gente vota con dinero (entre otras cosas), en la cosa pública, se decide políticamente con los votos.

Para usar una lengua u otra no hay más razón que la preferencia personal. Un gallego no tiene por qué explicar su preferencia por hablar gallego más que un español su preferencia por no hablar, por ejemplo, inglés cuando por fin nos decidamos a poner esa lengua como oficial en toda Europa. Para decidir qué uso público dar a las lenguas no hay más que el delicado equilibrio político.

Hasta ahora los casos de abuso o discriminación en la exigencia de una lengua (y tenemos a muchas personas y medios de comunicación que buscan muy activamente y señalan tales abusos) han supuesto un problema de convivencia mucho menor que lo que creo hubiéramos tenido con un modelo alternativo.

En particular, decir que un catalán no debe quejarse por tener que hablar castellano cuando trata con la administración catalana porque, total, sabe castellano, supone tratar peor a los españoles que ya han hecho el mayor esfuerzo por la convivencia al aprender el idioma común.

No estoy diciendo que me parezcan bien todas las normas sobre las lenguas, lo que digo es que el sistema de competencias actuales permite un desarrollo normativo más acorde con las preferencias de los ciudadanos que ningún otro y que, en particular, evitará los abusos más que otros. Si los vascos encuentran abusivo que se pida el conocimiento del euskera para ejercer de cirujano, los partidarios de no hacerlo tendrán un motivo más para ser votados.