jueves, 19 de enero de 2012

La economía de la discriminación (10)


He dejado algo descuidada la serie sobre discriminación económica. Después de poner sobre la mesa unas cuantas hipótesis (con su modelo teórico coherente) sobre las causas de la discriminación en el trabajo, lo suyo era, y es, saber algo de lo que dice la empiria. En particular, me centraré en las políticas de discriminación positiva. Si alguien quiere opinar acerca de este tema, deberá (i) no decir que son a priori buenas o malas, puesto que hemos visto razones lógicas por las que podrían ser ambas cosas y (ii) estar a lo que digan los datos.

A pesar de la controversia que generan las políticas de acción positiva allí donde se propone su aplicación, son pocos los estudios serios sobre su validez para conseguir los objetivos antidiscriminatorios que pretenden. Los detractores basan sus argumentos en que los individuos del colectivo discriminado al que se pretende apoyar encontrarán menos atractiva su preparación al estar su promoción basada más en su pertenencia a ese colectivo que en la inversión en capital humano que haya podido realizar. Si este comportamiento prevalece, no sólo se producirá una asignación ineficiente de recursos en el mercado, sino que inducirá un empeoramiento en la preparación del colectivo que se pretende favorecer, con la consiguiente pérdida adicional de imagen de este grupo.

Con cierta frecuencia se oyen opiniones contrarias manifestadas por miembros del colectivo cuya participación se promueve y que alegan la dignidad de no recibir favores motivados por la mala conciencia del colectivo tradicionalmente más favorecido. A pesar de no estar formuladas en los términos económicos anteriores, inciden en las consecuencias negativas referentes a la desmotivación de los afectados. A favor de este tipo de acciones se encuentran quienes creen que la acción positiva supondrá un beneficio adicional para los individuos del grupo discriminado y puede servir para contrarrestar el coste añadido que sufren debido a los prejuicios discriminatorios o a la falta de información que se tiene sobre el grupo. Finalmente, existe el argumento, tal vez más usado, de favorecer estas medidas simplemente por razones igualitaristas.

El país occidental donde antes se han aprobado estas políticas y donde más literatura sobre ellas se ha generado es Estados Unidos, donde se vienen promoviendo con desigual intensidad desde principios de los 70's. Los pocos trabajos sobre su efecto en la primera época de implantación muestran que, a pesar de la casi nula presión que sentían las empresas para llevar a cabo los objetivos propuestos, se produjo una ligera mejora en la participación de los negros en los sectores afectados por las políticas (empresas que contratan con el sector público).

En diversos trabajos, J. Leonard (uno, dos, tres y cuatro) estudia de manera más sistemática y durante períodos más amplios los efectos de las políticas de acción positiva, desagregando por raza y sexo. Para analizar este efecto sugiere comparar el crecimiento del empleo de minorías y de mujeres en el sector con obligaciones o incentivos para participar en las políticas de acción positiva con el crecimiento en empresas similares sin participación en el programa.

Los resultados para el periodo 1974-1980 muestran que el crecimiento en el empleo de los grupos discriminados en el sector objeto de las políticas fue mayor que en el sector de control, con mayor incidencia entre las mujeres de raza negra (cuya participación es un 2,13% mayor debida a estas políticas) y los hombres de este mismo grupo (un 0,84%). En siguientes entradas veremos qué efectos se han encontrado sobre la productividad.

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